"Los fiscales de la UFI AMIA reiteraron al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto su solicitud de colaboración para acceder a información desclasificada en poder de terceros Estados", informó el portal de la Fiscalía.
La unidad fiscal que investiga el atentado a la Asociación Mutualista Israelita Argentina (AMIA), en la que murieron 85 personas, accedió a cuatro documentos desclasificados de diversas agencias del Gobierno de Estados Unidos, después de la intermediación de la Cancillería argentina y del Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad George Washington.
El 22 de agosto, la UFI AMIA insistió al Ministerio de Relaciones Exteriores en que intercediera de nuevo para pedir el levantamiento de reserva de documentación relacionada con el atentado.
La solicitud se fundamenta en la experiencia recabada con la utilización de la ley estadounidense de Libertad de Información (FOIA, según sus siglas en inglés), lo que permitió acceder a archivos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
Los fiscales responsables de la investigación ya habían solicitado a la Cancillería en abril de 2016 que pidiera a otros Estados la desclasificación de archivos relacionados con el ataque a la AMIA.
A raíz de aquel requerimiento, el ministerio expresó su disposición a cooperar, y solicitó un listado de países que debían ser consultados de manera prioritaria, lo que se entregó en agosto de ese año.
La UFI AMIA explicó a la Cancillería que varios documentos entregados por Estados Unidos tenían partes tachadas, y que un grupo de académicos había conseguido acceder a cuatro archivos relacionados con la investigación pero que no habían sido difundidos hasta el momento.
El 23 de mayo de 2017, la CIA facilitó tres de los documentos solicitados.
El Departamento de Estado (Cancillería) de Estados Unidos informó días después que estaba buscando el cuarto archivo.
En paralelo, la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de Cancillería informó que había solicitado información ante la Oficina de Asuntos de Brasil y del Cono Sur del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Estos documentos se suman a los enviados por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia Policial de Uruguay y de la Fiscalía Nacional de Chile, que fueron obtenidos con la colaboración de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional del Ministerio Público Fiscal.
A la causa de la AMIA se suma la del fiscal Alberto Nisman quien investigó durante una década (2005-2015) el atentado.
En enero de 2015 denunció penalmente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por supuestamente encubrir a altos cargos iraníes que habían sido imputados por la justicia argentina, acusados de estar detrás del ataque a la mutual judía.
El fiscal falleció por causas nunca aclaradas cuatro días después de presentar su denuncia, a un día de tener que sustentarla ante el Congreso.
