"Yo responsabilizo y acuso de manera directa a la extitular del Ministerio Público de esa negligencia permisiva en el presunto desfalco a la nación en contrataciones de PDVSA [Petróleos de Venezuela] realizadas por la directiva de la Faja Petrolífera del Orinoco, en el periodo comprendido entre 2010 y 2016", dijo Saab en rueda de prensa.
Según Saab, Ortega "no hizo nada" pese a tener las pruebas de las irregularidades.
"En esta primera aproximación, hemos desarrollado hasta ahora que el daño patrimonial vinculado a este grupo, a esta antigua gerencia que fue removida por instrucciones del presidente de la República [Nicolas Maduro] en la Faja Petrolífera del Orinoco abarca una cifra cercana a los 200 millones de dólares", dijo.
Añadió que documentos y evidencias recabadas por el Ministerio Público a través de la dirección de auditoría de PDVSA evidencian que existió un sobreprecio de hasta 230 por ciento en contrataciones de servicios y suministro de materiales.
"Quiero hacer una salvedad muy importante, esto ocurrió a pesar de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, de manera personalísima había ordenado para su momento la investigación de este tema", aseveró Saab.
La directiva de la Faja Petrolífera del Orinoco está siendo investigada por presuntos delitos de concierto de funcionarios públicos con contratistas, evasión de procesos licitatorios, peculado doloso y asociación para delinquir.
El funcionario aseguró que los implicados no fueron tocados supuestamente por haber sido extorsionados por una presunta red de corrupción que, sostuvo, era encabezada por figuras cercanas a la exfiscal.
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Luisa Ortega fue destituida a principios del mes de agosto y se le inició juicio por supuestas faltas graves; mientras que su marido, el diputado Germán Ferrer, enfrenta una orden de detención por liderar una supuesta red de extorsión desde el Ministerio Público durante su administración.
La destituida fiscal también denunció que Saab posee al menos seis expedientes por corrupción en Caracas relacionados con el desfalco de PDVSA.
Ortega se enemistó con el Gobierno a fines de marzo, cuando denunció dos fallos del Tribunal Supremo de Justicia que quebraban el orden democrático.