De inicio, no es tanto el carácter público de esa subvención lo que se cuestiona, sino el monto de la misma —"el más alto de la historia que el Estado mexicano destinará a financiar la política", según reconoció el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova—, cifra que viene a confirmar lo revelado en una investigación efectuada por la BBC el pasado año: la mexicana es la democracia más costosa del mundo.
A pesar de lo exorbitante de la cifra —que todavía debe pasar el filtro rutinario de los diputados del Congreso de la Unión, quienes provienen de esos mismos partidos que viven del erario—, la misma se ajusta estrictamente a la sencilla fórmula de cálculo establecida en el artículo 50 de la 'Ley General de Partidos Políticos': el 65% del salario mínimo se multiplica por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. De ahí que en el fondo, más allá del monto, y por más que se tenga la certidumbre de que —cito de memoria— "la democracia no tiene precio, pero las elecciones sí", lo que de veras incomoda son otras cuestiones, como el hecho primario de que se trata de un dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes, a muchos de los cuales mortifica que vaya a parar a las arcas de partidos con cuya ideología no comulgan.
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Otro de los cuestionamientos al financiamiento público de las elecciones parte del hecho de que una mayor divulgación de noticias sobre los partidos no ha implicado una mayor participación ciudadana en las elecciones; al contrario, el abstencionismo ha aumentado debido a que el manejo de los recursos públicos por parte de las cúpulas partidistas ha impedido que candidatos con reconocimiento popular puedan competir en igualdad de condiciones con aquellos que cuentan con la bendición de sus dirigencias. Ello se ha traducido en una fragmentación del voto, cuya mejor (peor) expresión se dio en el año 2012 cuando el actual presidente de México resultó electo con el voto del 38% de los sufragantes. La actual legislación electoral del país no contempla una segunda vuelta que sirva para conjurar desatinos como ese.
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Pero sea público o privado el financiamiento de las elecciones en México, sea excesivo o moderado el dinero que se mueva en ellas, el problema de fondo radica en la ineficiencia del INE para exigir transparencia en la utilización de esos recursos, pues se rebasan los topes de campaña y no pasa nada, lo que no es más que el reflejo de la ineficiencia del Estado mexicano para combatir el flagelo de la corrupción. Y mientras ello ocurra, el amplio espectro político que supone la existencia de muchos partidos apenas si será un deslustrado espejismo y la ideología pasará siempre a un segundo plano profanada por ese 'poderoso caballero' que es 'Don Dinero'.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK