El órgano supremo de la justicia de Guatemala otorgó el amparo provisional a Velásquez dejando en suspensión la decisión del mandatario Morales, quien ordenó a través de un vídeo difundido en redes sociales su expulsión inmediata del país, señala Prensa Libre.
La fiscal general Thelma Aldana y Velásquez denunciaron que Morales no justificó como secretario general de su partido, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), la procedencia de donaciones por valor de 6,7 millones de quetzales (alrededor de 920.000 dólares) ante el Tribunal Supremo Electoral, según publica el diario local Prensa Libre.
Lee más: Presidente guatemalteco ordena expulsión del país del jefe de misión anticorrupción
El anuncio de Morales ha provocado una ola de reacciones por parte de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, activistas y figuras públicas, además de numerosos ciudadanos, que han apoyado a Velásquez en las redes sociales y con manifestaciones en las calles por su trabajo contra la corrupción e impunidad en el país centroamericano.
La CICIG fue instaurada en 2006 por un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la ONU (Organización de las Naciones Unidas), ratificado por el Congreso, como un órgano independiente de carácter internacional.
Comenzó a funcionar en 2007 y su mandato, prorrogado ya cuatro veces, vence el 3 de septiembre de este año.
La quinta prórroga de la CICIG, solicitada por El Salvador a la ONU, se extendería del 4 de septiembre de 2017 al 3 de septiembre de 2019.