"La erradicación forzosa en áreas donde las comunidades ya han firmado acuerdos de sustitución de cultivos perpetúa la violencia y genera nuevos conflictos", indicó el IDPC en un comunicado dirigido al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, publicado en la página web del organismo.
Aunque reconoció que la pobreza, la exclusión social y la violencia han impulsado la propagación del cultivo de coca en Colombia, subrayó que en la actualidad se firman acuerdos entre las comunidades locales y el Gobierno central para erradicar cultivos ilícitos a cambio de compensación en efectivo e inversión gubernamental en sus comunidades.
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En ese sentido hizo un llamado al presidente Santos para que se asegure de que todas las instituciones gubernamentales colombianas respeten los acuerdos de sustitución de cultivos y apoyen el diálogo genuino con las comunidades en lugar de incentivar la militarización.
"Como organizaciones con experiencia en políticas de drogas en varios países (incluyendo lo que hemos visto de pasadas experiencias en Colombia), creemos firmemente que los agricultores pobres que cultivan coca, amapola o cannabis no deben ser criminalizados", consideró.
El Consorcio es integrado, entre otros, por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Acción semilla Boliviana, Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
