"La tolerancia al uso del amianto crisolita, tal como está establecida en el artículo 2º de la ley 9055/1995 no protege adecuada y suficientemente los derechos fundamentales a la salud y al medio ambiente y tampoco se alinea con los compromisos internacionales asumidos por Brasil y que moldearon el contenido de esos derechos", dijo la magistrada.
Para argumentar su postura favorable a la prohibición Weber citó diversos estudios que vinculan el amianto con riesgos a la salud, como el cáncer, remarcando que no hay niveles seguros de exposición a esta sustancia y que Brasil es uno de los países que tiene límites más permisivos.
El amianto está prohibido en más de 50 países del mundo (incluido el total de la Unión Europea), pero en Brasil se usa de forma habitual en la construcción de tejados y es muy común en las favelas, por ejemplo.
La Asociación Brasileña de Expuestos al Amianto (Abrea), que agrupa a trabajadores del sector, informó que entre 2008 y 2011 hubo 25.000 internaciones en el sistema de sanidad pública debido a enfermedades generadas por el amianto.
Esto supuso a las arcas públicas un coste aproximado de 291.000 millones de reales (91 millones de dólares), según las informaciones recogidas por el diario O Globo.
