"Sala Plena del TSJ acuerda enjuiciamiento de Germán Darío Ferrer y declara procedente su detención", informó el tribunal en su cuenta Twitter.
El diputado Ferrer, disidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, es investigado por delitos de corrupción propia, enriquecimiento ilícito, legitimación de capitales y asociación ilícita.
Además, el TSJ "ratificó el criterio en relación a la improcedencia de la institución del antejuicio de mérito en los casos de los delitos en flagrancia", lo que en los hechos implica no reconocer los fueros que protegen a Ferrer como legislador.
El TSJ ordenó remitir copia certificada de las actuaciones a la presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, para que este órgano, que se ha autoproclamado plenipotenciario, levante la inmunidad parlamentaria a Ferrer.
La oposición consideró la medida como una "escalada de la persecución" contra sectores adversos al Gobierno.
La detención de Ferrer fue solicitada por el nuevo fiscal general Tarek William Saab, quien remitió el caso a la ANC.
Saab señaló el miércoles que Ferrer dirigía presuntamente una "banda de extorsión".
Cabello acusó a Ferrer, a dos fiscales del Ministerio Público y a una exdirectora de esa dependencia de dirigir desde 2016 una red ilícita que habría recibido más de seis millones de dólares de empresas vinculadas al sector petrolero y otras áreas.
El constituyente entregó al Ministerio Público supuestas pruebas de seis cuentas de Ferrer y otros implicados en la filial de Bahamas de la sociedad suiza de servicios financieros UBS.
El diputado acusado desmintió en declaraciones al portal de noticias Venezuela Punto de Corte que hubiese firmado tales documentos y desafió a Cabello a comparar su firma con la estampada en los papeles que el constituyente mostró en su programa de televisión "Con el mazo dando".
Hasta el momento se desconoce el paradero de Ferrer, cuya residencia fue allanada por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia la noche del miércoles, que se llevaron computadoras y documentos.
La esposa de Ferrer y ex fiscal general fue una figura cercana al Gobierno de Hugo Chávez (1954 —2013), pero comenzó a ser acusada de traición por el oficialismo a fines de marzo, cuando alertó que decisiones del TSJ constituían una ruptura del orden democrático.
La ANC procedió a destituir a Ortega en su primera sesión, mientras el TSJ anunciaba el inicio de un juicio contra ella por faltas graves.
Por este caso también fueron procesados los fiscales Pedro Lupera y Luis Sánchez, Gioconda García, mencionada como directora de despacho de Ortega, y el abogado José Rafael Parra, quien según Cabello constituyó en Panamá la empresa PSP, desde donde se habría contactado a las empresas y personas extorsionadas.