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Trabajadores del Aeropuerto de Barcelona ven "ilegal" el arbitraje del Gobierno

© REUTERS / Albert GeaColas en el aeropuerto de Barcelona, España (archivo)
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MADRID (Sputnik) — Los trabajadores de los controles de seguridad en el Aeropuerto de Barcelona, en huelga indefinida desde el 14 de agosto, consideran que el arbitraje obligatorio impuesto por el Gobierno para poner fin al conflicto laboral se encuentra fuera de la legalidad.

"No reconocemos este laudo porque es ilegal y lo denunciaremos", afirmó Juan Carlos Giménez, asesor del comité de huelga, en declaraciones a Catalunya Ràdio.

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El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, defendió el 16 de agosto el establecimiento del laudo obligatorio porque, a su modo de ver, la "duración prolongada de la huelga" está generando "graves consecuencias" y no se prevé una salida negociada dadas las "posiciones irreconciliables" de las parte implicadas.

Sin embargo, Giménez considera que esta medida "vulnera el derecho a huelga" y avanzó que los trabajadores denunciarán el establecimiento del laudo en todas las instancias posibles, llegando hasta la ONU si es necesario.

Lea más: España impone un arbitraje obligatorio en conflicto laboral del Aeropuerto de Barcelona

La plantilla de Eulen —empresa encargada de ofrecer el servicio— se encuentra en huelga indefinida desde la madrugada del 14 de agosto, pero los servicios mínimos del 90% establecidos por el Gobierno y un refuerzo de agentes de la Guardia Civil en el aeropuerto redujeron al mínimo el impacto de los paros, que apenas alteraron el normal funcionamiento del centro.

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Antes de que la huelga se declarase de forma definitiva, los trabajadores llevaron a cabo varias jornadas de paros parciales que sí consiguieron colapsar el aeropuerto.

El Gobierno notificó a los trabajadores y a Eulen el establecimiento del laudo, lo que deja a las partes un plazo de 24 horas para elegir un árbitro de mutuo acuerdo.

De no alcanzar un acuerdo, será el Ejecutivo quien nombre al mediador, que deberá buscar una solución obligatoria al conflicto en un plazo de diez días desde su nombramiento.

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Giménez avanzó que los trabajadores no propondrán un árbitro porque, en primer lugar, los trabajadores no reconocen el laudo y, en segundo lugar, consideran que los plazos dados por el Gobierno no permiten el desarrollo de una negociación justa.

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