"Las políticas salariales internas no forman parte de las negociaciones", dijo Guajardo en una conferencia de prensa en la embajada mexicana en Washington, tras el lanzamiento de la primera ronda de negociaciones entre los tres países para reformular el pacto vigente desde enero de 1994.
El acuerdo vigente en el plano nacional e internacional en temas de trabajo "nos compromete a respetar nuestro marcos laborales y avenirnos a las convenciones internacionales" que exceden al TCLAN, argumentó el secretario de Economía del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
El diseño económico del TLCAN "nos lleva a fortalecer los derechos de los trabajadores, la libre asociación y la negociación de contratos de trabajo", prosiguió Guajardo.
No obstante, ese fortalecimiento de las relaciones laborales se debe emprender "en un esquema equilibrado dentro de las condiciones particulares de cada país", esgrimió ante la pregunta de una periodista mexicana.
Por lo tanto, "el diálogo sobre políticas de salarios mínimos es independiente y las políticas salariales corresponden a un esquema interno de construcción de consensos", dijo Guajardo.
Sindicatos y senadores, sobre todo opositores, exigen aumentar las escalas de retribuciones y jornales para que México deje de basar su atractivo para los inversionistas extranjeros en sus bajos salarios.
Guajardo puntualizó que "es la economía de cada país la que reflejará las condiciones de cada uno de los actores en la mesa", y no al revés.
Los problemas de Trump
Guajardo fue interrogado por los periodistas sobre los crecientes desacuerdos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con sectores conservadores de su país y sobre la debilidad de sus alianzas internas, por el retiro de apoyos de grandes empresarios que fueron aliados del mandatario.
El alto funcionario mexicano eludió una valoración de la situación interna del Gobierno de Trump y en cambio mencionó la experiencia mexicana en procesos de consultas para fortalecer la posición negociadora del país.
La delegación mexicana, explicó, llegó acompañada por un centenar de dirigentes empresariales y ocho presidentes de comisiones del Senado.
El tratado debe hacer "transparentes los procesos de integración sin sustituir las cortes nacionales", atajó.
La prioridad en esta primera ronda, que concluirá el domingo 20, es avanzar "teniendo ya textos definidos como base de negociación en cada uno de los grupos", dijo Guajardo.
El funcionario explicó que en algunos temas los negociadores tendrán textos alternativos de diferentes países, pero en otros las tres naciones podrán confluir rápidamente con el texto presentado por la parte interesada.
"La idea es poder llegar a la segunda ronda de México, en la primera quincena de septiembre, detectando los temas de mayor nivel de nobleza y beneficio común, que pudiéramos ir cerrando por beneficio de los tres países", explicó.
Las primeras convergencias que descarten desacuerdos mayores en una primera fase "nos permitirían ir aprovechando cada una de las rondas que están programadas de aquí al fin del año", observó.
De las siete rondas previstas, cuatro se llevarán a cabo este año; la segunda será en la Ciudad de México a partir del 5 de septiembre.
El calendario corre con un reloj electoral que obliga al Gobierno de México a intentar avanzar con velocidad, para evitar que la negociación se complique con las elecciones generales de julio de 2018, cuando será renovado el Congreso y se elegirá nuevo presidente.
Por su parte Trump tiene un margen mayor hasta las legislativas de noviembre de 2018, pero está urgido de ofrecer resultados sobre un tema que fue uno de sus principales temas de campaña: la recuperación del empleo y la reversión del déficit comercial.