"El propio Tribunal de Justicia ya entendió, en este mismo caso, que no hubo ningún daño o prejuicio al tesoro municipal", replicó el exalcalde en un comunicado oficial difundido poco después.
La Fiscalía acusa a Paes de un presunto delito de improbidad administrativa porque supuestamente maniobró para que el Ayuntamiento asumiese unos costos que la constructora del campo, la empresa Fiori Empreendimentos, no estaba dispuesta a asumir.
Según la investigación, la Secretaría de Medio Ambiente del Ayuntamiento advirtió a la constructora que tendría que pagar una tasa para compensar el impacto de la obra en la flora autóctona de la zona.
La empresa acudió al alcalde para pedir ayuda y amenazó con desentenderse de las obras si tuviera que hacer frente a esos costos imprevistos.
Paes accedió entonces a las súplicas de la empresa y las arcas del municipio dejaron de ingresar cuatro millones de reales (1,2 millones de dólares).
La construcción del campo de golf estuvo rodeada de polémica desde el principio porque la ubicación escogida está en los límites de una reserva natural, aunque el Ayuntamiento siempre alegó que la obra ayudó a revitalizar un antiguo descampado.