El primer desaparecido de la era Macri, más represión en tierras de Benetton

El pasado martes 1 de agosto, entre ochenta y cien efectivos de Gendarmería de los destacamentos de Esquel y El Maitén entraron disparando balas de plomo y de goma en territorios de la comunidad mapuche Pu Lof, en el departamento de Cushamen. Desde aquel día, Santiago Maldonado, quien se encontraba allí apoyando la causa mapuche, permanece desaparecido. Su familia y organizaciones de derechos humanos denuncian a las fuerzas de seguridad y responsabilizan del hecho a los gobiernos nacional y provincial, especialmente a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

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Las fuerzas militares habían reprimido el día anterior una protesta que los integrantes de la comunidad realizaban en favor de la liberación de Facundo Jones Huala, dirigente mapuche arrestado de manera arbitraria a finales de junio de este año.

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Elizabeth Gómez Alcorta, una de las abogadas de Facundo manifestó que "el operativo represivo del martes comenzó a eso de las siete y media de la mañana y terminó a eso de las seis de la tarde (…) Cerca del mediodía es cuando muchos testigos aseguran haber visto cómo se golpeaba y detenía a una persona, que se trataría seguramente de Santiago. Ese mismo día, habiendo tomado conocimiento de la ausencia de Santiago y una vez retirados los gendarmes, los miembros de la comunidad realizaron un rastrillaje minucioso (…) Luego fueron a distintos destacamentos de la Gendarmería para averiguar el paradero de Santiago y no recibieron ninguna respuesta. Quienes más conocen el territorio lo buscaron por todo el lugar y no lo encontraron".

Germán Maldonado, hermano del joven desaparecido, apuntó como responsable a la Gendarmería nacional y declaró que, para él, la situación es muy clara: "a Santiago lo torturaron y lo descartaron o lo tienen encerrado y están esperando que las marcas de la violencia se pierdan para largarlo".

Ernesto Moreau, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) recordó que, en territorio mapuche, durante el período democrático, ya han desaparecido varias personas. Se trata de toda una zona que es "tierra de nadie".

En el día de la fecha, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (ONU) exigió al Estado argentino que adopte como "acción urgente una estrategia integral y exhaustiva" para encontrar con vida a Santiago Maldonado, según informa el diario Pagina12. El organismo de derechos humanos local replicó las definiciones del documento que, extrañamente, no fue difundido. Además, advirtió la necesidad de que "la Gendarmería Nacional Argentina se abstenga de participar en la búsqueda e investigación de la desaparición". Por su parte, Patricia Bullrich negó que estas fuerzas tuvieran vínculo alguno con la desaparición de Santiago, a pesar de que cuantiosas pruebas indican lo contrario.

Los sucesos expuestos se desarrollaron en el marco de una larga disputa por zonas que el pueblo mapuche reclama como tierras ancestrales. Las mismas son propiedad del magnate italiano Luciano Benetton desde 1991, bajo la razón social Tierras del Sud Sociedad Anónima. En la actualidad, la empresa posee 884.200 hectáreas en Santa Cruz, Río Negro y Chubut. En 2002, la empresa realizó cateos que detectaron yacimientos de oro y plata, y en 2003 se creó la firma Minera del Sud Argentino para explotar esos yacimientos.

Las distintas administraciones gubernamentales, desde 1990 a esta parte, han amparado la apropiación de inmensas extensiones de tierra por parte de sectores privados extranjeros, colaborando, a su vez, con la protección armada de las mismas a través de las fuerzas públicas de seguridad, las cuales han operado violentamente y con total impunidad contra los distintos grupos de resistencia y protesta, en incontables ocasiones.

Actualmente, a nivel nacional, la extranjerización de la tierra alcanza a un 6% del total, de acuerdo a las declaraciones de Florencia Gómez Galizzi, exdirectora del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR). Los datos oficiales muestran que los valores provinciales varían desde el 1,12% en Córdoba al 12,6% de Misiones. La RNTR también muestra que existen varios departamentos en los que se supera el límite del 15% a la propiedad por parte de extranjeros, establecido por la ley de tierras de 2011, entre ellos Cushamen, con el 19,45% de posesión foránea.

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La soberanía territorial es cedida en bandeja por el Estado nacional a particulares extranjeros y trasnacionales que tienen intereses espurios en nuestros recursos naturales. El gobierno de Macri ha decidido garantizar esta entrega a costa de la integridad física de quienes la resisten.

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