"Extinguida por prescripción la acción penal en la causa", dictó el Tribunal Oral Federal número 1 de la ciudad de Buenos Aires en relación con Boudou.
Acusado de ser "cómplice del delito de falsificación ideológica", los tres jueces del tribunal desoyeron el pedido de la fiscalía, que solicitaba tres años de prisión en suspenso contra el exfuncionario, y declararon prescrita la causa por el transcurso del tiempo.
La justicia investigaba a Boudou desde 2009 por adquirir en 1993 un automóvil que una década después transfirió mediante documentación apócrifa y adulterada, haciendo constar un domicilio que no era el suyo.
El resto de los acusados en el juicio, entre los que se hallaba la expareja del ex vicepresidente, Agustina Seguín, también fueron sobreseídos.
La resolución judicial puede ser apelada ante la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal de país, y en última instancia, ante la Corte Suprema.
El desenlace de este juicio era relevante porque de confirmarse una condena en su contra, Boudou corría el riesgo de ser encarcelado en alguna de las otras causas que la justicia mantiene abiertas contra el vicepresidente del segundo Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
La más importante es la que lo procesó en julio por la compra irregular en 2010 de la compañía Ciccone, que imprimía papel moneda para el Estado, cuando por entonces era ministro de Economía (2009-2011).
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ratificó el pasado 30 de junio el procesamiento de Boudou en otro expediente por la compra sin licitación de 19 vehículos cuando era titular del Ministerio de Economía.