"Es evidente que el contenido del contrato celebrado no constituye un error, sino que se presenta como un claro fraude contractual con la intención de ocultar y disimular la real propiedad de los bienes almacenados", reza el texto enviado el 31 de julio por los fiscales de la Operación Lava jato al juez encargado del caso, Sérgio Moro.
Los fiscales se referían así al acuerdo según el cual la constructora OAS se encargaba del transporte y almacenaje de los bienes institucionales que Lula acumuló durante su etapa como presidente.
Además de pedir que se aumente su condena, la Fiscalía también considera que la indemnización que Lula debe pagar a Petrobas debe ser de 87,6 millones de reales (28 millones de dólares) y no de 16 millones de reales (5,1 millones de dólares) como definió Moro en su sentencia.
Para los fiscales ese es el valor mínimo del daño que el esquema de corrupción de OAS causó en Petrobras, mientras que lo que consideró el juez Moro se limita únicamente a lo que recibió el Partido de los Trabajadores (PT) y "no todo el resultado de los actos de corrupción objeto de condena".
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Lula fue condenado en primera instancia, pero sus abogados recurrirán para evitar que sea condenado en segunda instancia, para que así pueda presentarse como principal candidato de la izquierda en las elecciones generales de 2018.