"Los abajo firmantes reclamamos la libertad inmediata de la dirigente social y diputada del Parlasur Milagro Sala y los demás presos y presas políticas de la organización Tupac Amaru" que lidera Sala, reclaman en su petición.
"El Estado argentino debe poner fin a las violaciones a los Derechos Humanos y asumir el firme compromiso de no utilizar nunca más el encarcelamiento arbitrario como forma de persecución, disciplinamiento y represión de la disidencia política", sostiene el reclamo.
Lea más: Lanzan campaña internacional por libertad de activista Milagro Sala
Entre las organizaciones que suscriben la petición están Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo — Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y sociales (CELS), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (APDH) y Human Rights Watch, entre otras.
Entre las medidas cautelares específicas que menciona, el organismo aconsejó al Estado argentino que adoptara iniciativas "alternativas a la detención preventiva, como el arresto domiciliario, o bien, que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica".
El Estado de Argentina tiene la obligación, en todo caso, de cumplir la decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas "que determinó que la detención de la señora Sala es arbitraria, llamando a su liberación inmediata", señaló la CIDH en su resolución del pasado 28 de julio.
Elegida como parlamentaria del Mercado Común del Sur en diciembre de 2015, Sala no pudo asumir su cargo por estar detenida desde enero de 2016 por liderar un escrache en 2009 contra el entonces senador Gerardo Morales, hoy gobernador de Jujuy.
Más aquí: Las causas en las que está imputada la activista argentina Milagro Sala
Un juez provincial autorizó su excarcelación a los pocos días, pero Sala continuó en detención preventiva por otras causas que acusan a la dirigente de fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a viviendas sociales.
Con su disposición, la CIDH concedió por primera vez en su historia una medida cautelar relacionada con la libertad de una persona.