"Yo le propongo a la oposición política venezolana que abandone el camino insurreccional, que vuelva a la Constitución y que instalemos en las próximas horas antes de la elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente una mesa de diálogo, acuerdo nacional y reconciliación de la patria", dijo Maduro.
"Ellos se negaron a cumplir los acuerdos de noviembre, ¿se acuerdan que en noviembre los sentamos, casi vino el Papa, firmamos acuerdos y ellos dijeron, no; en el 2017 derrocamos a Maduro, esto es un soplido y cae Maduro?", agregó.
En unas negociaciones entre octubre y diciembre de 2016 con mediación internacional y del Vaticano, las partes acordaron trabajar por la paz, sumar esfuerzos para combatir "la agresión a la economía" nacional y dar los pasos necesarios para levantar el desacato decretado por el Poder Judicial contra la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
Maduro dijo que el diálogo es necesario "para hablar de los grandes temas del país, para hablar de la paz".
Si no se acuerda en estas horas una mesa de diálogo, el mandatario dijo que pedirá a los constituyentes encargados de redactar una nueva Carta Magna la adopción de una ley que obligue los opositores a dialogar.
"Yo sería feliz si la instalamos antes de la constituyente, porque si no fuera así, yo le entregaría a la constituyente todo el poder de convocar de manera obligatoria un diálogo nacional de paz, con una ley constitucional de obligación entre las partes", apuntó.
Maduro envió este mensaje a los opositores Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional y del partido Primero Justicia, Manuel Rosales, de Un Nuevo Tiempo, Henry Ramos Allup, de Acción Democrática, y Luis Florido, de Voluntad Popular.
En las manifestaciones casi cotidianas contra el Gobierno que comenzaron en abril murieron hasta ahora 108 personas y más de 1.400 resultaron heridas.
Maduro convocó en mayo por decreto una constituyente, alegando que sería la única vía para abrir un diálogo nacional, pero la oposición y algunas figuras clave del oficialismo, como la fiscal general Luisa Ortega, alegaron que la convocatoria es inconstitucional porque no se consultó al pueblo en primer lugar.
Así pues, la oposición endureció sus protestas y a fines de junio llamó a la desobediencia civil y a boicotear la elección de constituyentes.