Este proceso es considerado por la oposición como "un cheque en blanco" para que un grupo oficialista decida el destino del país, y por el Gobierno, impulsor de la iniciativa, como el camino para profundizar la revolución y enjuiciar a quienes han atentado contra ella.
Las agrupaciones que integran la coalición de partidos de oposición Mesa de Unidad Democrática (MUD) se negaron a participar; se oponen a las bases electorales e insisten que previamente debió realizarse un referéndum consultivo.
Los constituyentes se instalarán 72 horas después del proceso electoral, es decir el miércoles 2 de agosto, y el acto se hará el Palacio Legislativo, sede de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), que actualmente cuenta con mayoría opositora.
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La Constitución venezolana no establece el lapso en el que se debe redactar la nueva carta magna, por lo que estos constituyentes no tienen un período gestión definido.
Al ejercer su derecho al voto los venezolanos encontrarán varios aspectos novedosos.
Los electores podrán participar con su cédula y un documento de identidad nuevo, impulsado por el presidente Nicolás Maduro, denominado como "carnet de la patria".
Este documento, además de tener un registro detallado del ciudadano, su situación social y programas estatales que integra, posee un código digital que permitirá agilizar el proceso, ha asegurado el jefe de Estado.
El restante se dividirá entre los 173 sectoriales y 8 por asambleas indígenas.
Es la primera vez que los venezolanos van a unas elecciones con voto por sectores, que quedarán distribuidos en: 79 trabajadores, 28 pensionados, 24 estudiantes, 24 consejos comunales, 8 campesinos y pescadores, 5 empresarios y 5 personas con discapacidad.
¿Qué dicen las encuestas?
De acuerdo con un estudio publicado el pasado 9 de julio por la encuestadora Hinterlaces, 54% de los venezolanos está "de acuerdo" con quienes dicen que es necesario "mejorar la actual Constitución para garantizar que no se pierdan las conquistas sociales", mientras 44% está "en desacuerdo".
Para el Gobierno y la oposición el 30 de julio se ha convertido en una especie de duelo.
La coalición opositora dice que hará todo lo posible por evitar que el proceso se realice y anuncia desde bloqueo de calles, hasta la toma de centros de votación.
Los que rechazan la Constituyente sostienen que de consumarse el país iría hacia una dictadura.
A este proceso se han opuesto figuras afines al fallecido presidente Hugo Chávez (1999 – 2013), quien promovió la Constitución vigente actualmente, entre ellas, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien ha calificado la convocatoria a este proceso como un retroceso en materia de derechos humanos.
