"Hay una partida de ajedrez que se está jugando en la que determinadas personas con conocimientos técnicos son detenidos y enviados a Estados Unidos desde países aliados", expuso el abogado Juan Manuel Arroyo, representante legal de Lisov, durante la vista de extradición celebrada este jueves en la Audiencia Nacional.
Según explicó el letrado en declaraciones a Sputnik al término de la vista, existen antecedentes de procedimientos contra ciudadanos rusos con un alto nivel de cualificación que son extraditados a Estados Unidos.
Lisov es reclamado por Washington por desarrollar, distribuir y utilizar junto a otras personas el software malicioso "NeverQuest", un troyano bancario que según la parte americana ocasión un perjuicio a entidades financieras estadounidenses por valor de 855.000 dólares.
"Estamos hablando de una situación que se está repitiendo: órdenes inconcretas sobre informáticos rusos en España", afirmó el abogado en referencia al caso de Pyotr Levashov, programador ruso también detenido este año en Barcelona.
El abogado afirmó no tener acreditada la motivación política de estos casos, pero a su modo de ver se dan demasiadas "coincidencias" para no tener en cuenta la posibilidad de una persecución política, sobre todo en el actual contexto de tensión internacional por la presunta injerencia de hackers rusos en las últimas elecciones estadounidenses.
En opinión de Arroyo, el caso de Lisov refleja con especial claridad esta situación porque todo el procedimiento en su contra fue "diseñado ad hoc" y estuvo plagado de "errores de procedimiento" sin que nunca se llegaran a concretar los hechos delictivos que se le atribuyen.
¿Errores de procedimiento?
En primer lugar, el letrado apunta que Lisov fue detenido el 13 de enero por la Guardia Civil española a petición del FBI pese a que "hasta el 19 de enero uno hubo una orden judicial para su detención".
Por otro lado, la defensa apunta que la demanda de extradición no concreta los hechos delictivos atribuidos a su patrocinado.
"No se pueden decir cosas como que 'prestó apoyo de forma muy importante' o que trabajó con 'otras personas' en un 'mercado negro' sin concretar exactamente sus funciones e identificar a esos cómplices", expuso el abogado.
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Arroyo también destacó que la petición de extradición determina un daño de 855.000 dólares para instituciones bancarias americanas, pero no identifica a esas entidades ni atribuye de manera específica una cuantía de ese daño a Lisov.
"Se pretende decir que mi patrocinado es el padre de todos los males: inventó el virus y lo utilizó en todos los casos de fraude", afirmó el letrado antes de apuntar que "no se denuncia un acto concreto sino el daño general ocasionado por el virus", lo que "no basta para establecer la autoría del un fraude".
Según apuntó la Fiscalía, la pena en España por los delitos atribuidos al programador ruso en la demanda estadounidense –fraude y daños informáticos– ronda un total de 25 años de prisión.
implicación directa de Lisov puede suponer la nulidad del procedimiento de extradición ya que, si en lugar de atribuírsele la cuantía general del fraude se le imputara una cifra específica, el delito se disminuiría en varios grados.
Esto, prosiguió el letrado, podría hacer que la pena en España por los delitos atribuidos no llegase a un año, que es el mínimo punitivo para acceder a una extradición.
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La Fiscalía rechazó las tesis de la defensa y se limitó a admitir la validez de la petición estadounidense, por lo que solicitó la extradición de Lisov.
En cuanto a la presunta persecución política, la Fiscalía apuntó que se trata da "meras alegaciones" sin pruebas que las sustenten.
Al término de la vista, Arroyo se mostró optimista respecto a la posibilidad de que la extradición sea denegada pese a que "siempre es difícil cuando se trata de EEUU".
