La medida "tendrá por fin exclusivo facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual y con el objeto de proceder a individualizar a las personas responsables", señaló la Secretaría de Comunicación Pública.
Esta iniciativa, según las autoridades, "provoca en los agresores una sensación de mayor control y pérdida del sentimiento de anonimato e impunidad cuando se trate de reincidentes".
La normativa establece la creación de una Comisión Nacional de Huellas Genéticas, que supervisará y ofrecerá asesoramiento sobre la implementación del Registro y estará integrada por miembros del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el Ministerio de Seguridad y por la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
El juzgado que hubiera dictado una condena por delitos de agresión sexual antes de entrar en vigencia esta ley dispone de seis meses de plazo para ordenar una extracción de las muestras que permitan obtener un perfil genético del violador.
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La ley fue aprobada por el Senado en 2011 antes de pasar a la Cámara de Diputados, que la sancionó en julio de 2013.