"La Misión hace un llamado urgente a la solución de la situación de los integrantes de la FARC que todavía se encuentran privados de la libertad, a pesar de la Ley 1820 de 2016 aprobada el 31 de diciembre del año pasado y de los decretos expedidos por el Gobierno para agilizar este proceso", señaló el organismo en una carta enviada al Gobierno.
Asimismo, señaló que a esa situación se suma la inseguridad de la que son objeto los miembros de las FARC fuera de las zonas veredales, donde permanecen cerca de 7.000 integrantes de esa insurgencia en vías de desmovilización.
Dicha alerta se relaciona con las amenazas contra guerrilleros y el asesinatos de varios de ellos, el más reciente ocurrido el pasado martes, cuando fue asesinado en Antioquia (noroeste) un rebelde que había recibido el indulto hace tres meses.
El Gobierno colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) firmaron el pasado 24 de noviembre, en Bogotá, un Acuerdo Final de Paz por medio del cual se busca poner término a más de medio siglo de conflicto armado en el país y reparar a las víctimas del mismo.
En virtud de ese acuerdo, ahora se trabaja en la implementación de los acuerdos a través del Congreso de la República, lo que permitirá el retorno a la civilidad de los desmovilizados y la formación de un partido político por parte del grupo insurgente.