Gils Carbó emitió este dictamen en el caso del último dictador que tuvo Argentina, Reynaldo Bignone (1982-1983), condenado a 15 años de prisión en la misma causa en la que fue sentenciado el represor Luis Muiña, quien después fue beneficiado por la Corte Suprema con el alivio de la pena.
Con este dictamen de Gils Carbó, que no es vinculante, la Corte Suprema de Justicia ya tiene vía libre para expedirse sobre los distintos expedientes que presentaron en total 13 represores, solicitando la misma rebaja de prisión que el alto tribunal concedió en mayo a Muiña.
En los otros 12 expedientes presentados, la fiscal se remitió a las conclusiones del primero.
Gils Carbó sostuvo en su dictamen que "a través de la reciente ley 27.362, el Congreso de la Nación reafirma el compromiso del Estado argentino con relación a las obligaciones internacionales y los principios constitucionales vinculados al juzgamiento de crímenes contra la humanidad".
El Congreso adoptó esta ley tras el rechazo generalizado a la sentencia de la Corte Suprema que benefició a Muiña.
La rebaja penal que rescató el máximo tribunal del país estaba prevista en la ley 24.390, sancionada en 1994 y derogada en 2001, que permitía contar como dobles los días en prisión preventiva mientras no hubiera sentencia firme.
