"Si se hace el referéndum en los términos que se dice, aquí hay una contradicción evidente con la legalidad", destacó Castellá, especializado en la protección internacional de las minorías nacionales, étnicas, lingüísticas y religiosas.
En aquella ocasión, recuerda Castellá, se trató de "un mero proceso de participación realizado con voluntarios rayando con la ilegalidad".
Actualmente, el entonces presidente del Gobierno catalán Artur Mas y dos de sus consejeras se encuentran inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos por desobedecer al Tribunal Constitucional, que desaconsejó la celebración de la consulta de 2014.
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Sin embargo, la situación ahora es incluso más compleja porque el Gobierno catalán prometió encargarse directamente de la organización y garantizó que el resultado será vinculante.
"Estamos en un escenario más complejo porque no se pueden designar juntas electorales y no se pueden dar ninguna de las garantías que la Comisión de Venecia o los textos internacionales exigen para celebrar un referéndum", apunta Castellà.
El plan del Ejecutivo catalán es realizar un referéndum de carácter vinculante en el que una victoria de la opción independentista supondría la proclamación de una república catalana en menos de 48 horas mientras que su derrota supondría la convocatoria inmediata de elecciones autonómicas.
"Si se produjera el referéndum y ganara el "Sí", lo que tendría que iniciar Cataluña es un proceso de negociación con el Estado para la desconexión; lo que ocurre es que el Estado seguramente no reconocería ni el resultado ni la legalidad del procedimiento y se mantendría, o incluso se agravaría, la situación de conflicto político", señala el jurista.
Además, Castellà considera "muy difícil" que en la comunidad internacional actual se produzcan apoyos internacionales significativos a una eventual declaración de independencia unilateral por parte de Cataluña.
En esa presentación, los representantes del independentismo catalán e incluso miembros del Ejecutivo regional argumentaron que la legalidad de su proyecto de referéndum se deriva del reconocimiento al derecho de autodeterminación por parte de la ONU y de la voluntad del pueblo catalán expresada en las urnas.
"Sólo hay una legalidad posible: la que se deriva del principio democrático, que a su vez se deriva del espíritu general del derecho, que al mismo tiempo se deriva del derecho internacional y los derechos fundamentales", afirmó entonces Oriol Junqueras, vicepresidente del Gobierno catalán.
Sin embargo, Castellà opina que actualmente no hay vías legales que otorguen a Cataluña la posibilidad de independizarse sin cambiar previamente el marco legal español, algo que requeriría de grandes acuerdos mayoritarios con fuerzas políticas de todo el país.