La madrugada del sábado el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela concedió el arresto domiciliario a López, luego de que estuvo tres años y casi cinco meses en la prisión militar Ramo Verde.
"Es un paso importante en la dirección correcta por parte del Gobierno venezolano", dice el documento del Departamento de Estado.
EEUU reiteró su llamada a "restablecer completamente la libertad y los derechos políticos del señor López".
Además, hay más de 400 prisioneros políticos en Venezuela, indica la declaración.
En este contexto el Departamento de Estado estadounidense demanda liberarlos y devolverles sus derechos políticos, así como resolver pacíficamente el conflicto entre las autoridades y la oposición.
López, coordinador nacional del partido opositor Voluntad Popular, cumple una sentencia de 14 años por "instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir", en las protestas callejeras ocurridas a principios de 2014, cuando murieron 43 personas.
La defensa de López siempre ha rechazado los cargos, con denuncias de manipulaciones en el procedimiento judicial y considera a López un "preso político".
Varios organismos internacionales de DDHH de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea, y abogados de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, entre otros, piden su liberación.
Sin embargo, el Comité de Víctimas de las Guarimbas (disturbios), integrado por familiares de los 43 muertos, exige que continúe en prisión y sea acusado de homicidio.
En los últimos tres meses han muerto más de 90 personas en distintos incidentes en las protestas callejeras contra el Gobierno en distintas ciudades de Venezuela.