"México reitera su solidaridad con el pueblo venezolano y confía en que este hecho facilite la apertura de nuevos canales de acuerdo que conduzcan al restablecimiento pleno de la democracia y a una salida negociada a la difícil situación por la que atraviesa el país", dijo en comunicado la secretaría de Relaciones Exteriores de México.
El Gobierno de México recibió "de manera positiva la noticia de que Leopoldo López ha abandonado la prisión de Ramo Verde y se encuentra en su domicilio, previa decisión sustitutiva adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela el viernes 7 de julio", indica el escueto comunicado de dos párrafos enviado a la prensa extranjera.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela concedió el arresto domiciliario al líder opositor, luego de que estuvo tres años y casi cinco meses en la prisión militar Ramo Verde.
"La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia otorga arresto domiciliario a Leopoldo López", dice la sentencia para otorgar la prisión domiciliaria.
Esa instancia del poder judicial venezolano concedió esa "medida humanitaria", en virtud que "existían serios señalamientos de irregularidades" sobre la distribución del expediente a un Tribunal de Ejecución.
Asimismo considera en la decisión la "información recibida sobre la situación de salud del dirigente político".
López, coordinador nacional del partido opositor Voluntad Popular, cumple una sentencia de 14 años por "instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir", en las protestas callejeras ocurridas a principios de 2014, cuando murieron 43 muertos personas.
La defensa de López siempre ha rechazado los cargos, con denuncias de manipulaciones en el procedimiento judicial y considera a López un "preso político".
Varios organismos internacionales de DDHH de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea, y abogados de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, entre otros, piden su liberación.
Sin embargo, un Comité de Víctimas de las "Guarimbas" (disturbios), integrado por familiares de los 43 muertos, exige que continúe en prisión y sea acusado de homicidio.
En los últimos tres meses han muerto más de 90 personas en distintos incidentes en las protestas callejeras contra el gobierno en distintas ciudades de Venezuela.