"La integración, anunciada después de que se redujera el número de comisarios a menos de la mitad, perjudica las investigaciones de Lava Jato y dificulta que prosigan con la eficiencia con la que se desarrollaron hasta hace poco", lamentó el Ministerio Público Federal en un comunicado.
En su opinión la disolución del grupo de trabajo de la Operación Lava Jato perjudicará la especialización en el conocimiento de la actividad, haciendo que sea más difícil para los policías descubrir interconexiones entre los cientos de investigados, por lo que califican la medida de "evidente retroceso".
"El personal de la Policía Federal en Lava Jato, reducido drásticamente con el Gobierno actual, no es adecuado para la demanda; hoy el número de casos e investigaciones está limitado por la cantidad de investigadores disponibles", lamentaron los fiscales.
Por esa falta de efectivos hay una lista de asuntos pendientes de análisis y los inspectores no están en condiciones de abrir nuevas líneas de investigación porque son "absorbidos" por el trabajo ordinario acumulado, se quejó la fiscalía.
El Ministerio Público Federal recordó que hasta ahora en la Operación Lava Jato se confiscaron más de 80.000 documentos, se rastrearon más de 21 millones de transacciones y más de 280 personas fueron acusadas de delitos como corrupción, blanqueo de dinero y organización criminal.
La Operación Lava Jato arrancó en marzo de 2014 para investigar una trama corrupta construida alrededor de la empresa semiestatal Petrobras y con el paso del tiempo destapó el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil.
El propio presidente Michel Temer está en el punto de mira de las investigaciones, después de que fuera denunciado por un delito de corrupción.
La Procuraduría General de la República (fiscalía) cree que recibió sobornos de los ejecutivos del grupo cárnico JBS.
