"Estamos siendo afectados dentro de nuestro territorio por las transnacionales y vemos peligrar la vida y continuidad de nuestra identidad", dijo la presidenta del pueblo kichwa sarayaku, Miriam Cisneros, ante la CIDH.
Cisneros solicitó además que se inste al Estado ecuatoriano —que no asistió a la audiencia— a cumplir una sentencia de la CIDH emitida hace cuatro años que demandó el retiro de pentolita de territorio sarayaku, un explosivo que pone en riesgo la vida de los habitantes de este pueblo.
Por su parte, el presidente del pueblo indígena Arutam, Vicente Shair, recordó que durante años han mantenido "una profunda armonía con la naturaleza" que se ha visto afectada por la "concesión extractivista sobre la cordillera del Cóndor", una cadena montañosa ubicada en los Andes.
Sahir considera que "los verdaderos representantes del pueblo deben ser quienes participen en la toma de decisiones sobre el territorio y no delegados que no viven ni pertenecen a nuestra selva".
El dirigente planteó que no se oponen a la extracción de recursos naturales en sí, sino "a la forma en que el Estado nos trata" con "persecuciones y amenazas a nuestros representantes".
Lo que critican, añadió, es "la irresponsabilidad en el trato con las personas, animales y recursos que habitamos, como si fuéramos nosotros los invasores de una tierra en la que llevamos siglos".
Los pueblos originarios justificaron su reclamo en la intensificación de las actividades extractivas que, desde su perspectiva, comprometen sus derechos legítimos a conservar su identidad cultural.
En la audiencia participaron los pueblos zápara, kichwa, sarayaku y shuar.
