"Se declara concluida la presente audiencia oral y pública y nos acogemos al lapso de cinco días para dar nuestra decisión y publicarla, es todo", dijo el presidente del TSJ, Maikel Moreno, al finalizar la audiencia que se extendió por más de una hora y media.
Carreño presentó copias certificadas de actas, en las que, aseguró, se confirma que la máxima representante del Ministerio Público avaló la designación de los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
El 12 de junio Ortega impugnó a los magistrados, alegando que habían sido nombrados con irregularidades, pues muchos no cumplían los requisitos establecidos en la Constitución para ejercer el cargo y que no fueron admitidos por ella, explicando que no tuvo tiempo de revisar los expedientes.
La fiscal fue la gran ausente en esta audiencia.
En cambio estuvo presente un defensor público asignado por el TSJ, quien manifestó que no puede considerarse arbitraria la actuación de la fiscal, ya que "para que se declare con lugar que hay méritos suficientes para enjuiciar a la fiscal, deben ser plurales los elementos, fuertes e inequívocos", tras lo cual pidió el sobreseimiento del caso.
"Por un lado, la titular del Ministerio Público desconoce la majestad del TSJ, ofende a todas sus salas, pero, por el otro, fiscales del Ministerio Público concurren, presentan escritos, algunos de nulidad, recursos de casación, entre otros", dijo Saab.
El contralor general, Manuel Galindo, solicitó al TSJ que se someta a los cuatro integrantes del Poder Moral (Saab, Galindo, Ortega y la exsecretaria María José Marcano) a un "careo" para que se conozca la verdad acerca de la reunión para la designación de los actuales magistrados del Poder Judicial en diciembre de 2015.
Respuesta de la fiscal
Ortega se negó a asistir a la audiencia pues aseguró que desconoce a los magistrados del máximo órgano judicial.
"No voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor y cuya decisión está cantada, no los reconozco", dijo en una conferencia de prensa en la sede del Ministerio Público.
Ortega calificó de "confuso" y "amañado" el escrito que presentó el diputado oficialista Carreño en su contra y destacó que no ha cometido delitos ni faltas, por lo que se niega a someterse a un tribunal "inconstitucional e ilegítimo".
Además, consideró poco ético que los magistrados que ella pidió enjuiciar busquen removerla.
Por otra parte, la fiscal llamó a la población a revisar la lista de magistrados que recibió el Consejo Moral y la que ese órgano envió al parlamento y sostuvo que uno de los suplentes designados "no aparece en ninguna de las dos listas, él se llama Juan Carlos Valdez González".
La máxima representante del Ministerio Pública advirtió que está dispuesta a defender la Constitución, aun cuando el TSJ resuelva removerla de su cargo.
"Si el Tribunal Supremo de Justicia decidiera removerme arbitrariamente en mi condición de servidora pública, tendré el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia, al igual que todo el pueblo venezolano", manifestó.
La fiscal general se ha pronunciado contra el proceso de Asamblea Nacional Constituyente convocado por el presidente Nicolás Maduro y ha criticado la actuación de los cuerpos de seguridad durante manifestaciones de oposición, alertando sobre violaciones a los derechos humanos.
Por su parte, el Gobierno venezolano ha acusado a Ortega de traicionar el proceso revolucionario iniciado Chávez y asegura que sus acciones están relacionadas con el interés de postularse como candidata presidencial.
