"En la mañana dek 3 de julio el Ministerio Público fue sorprendido por la presencia de funcionarios de la Contraloría General de la República; el Ministerio Público está abierto a que hagan cuántas auditorías quieran, que revisen todos los procesos, que revisen todas las cuentas, pero eso tiene que ser en el marco del respeto", exigió la fiscal.
"Una vez que estaban adentro no querían desocupar, eso no contribuye a la paz, eso no fortalece la democracia, eso no cohesiona a los venezolanos, eso fractura a los venezolanos y en este momento lo que necesitamos los venezolanos es unidad", resaltó.
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Ortega hizo esas declaraciones en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), donde comparó lo ocurrido en su despacho en esta jornada con las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), una política estatal cuyo objetivo es bajar los índices de seguridad y que, a su juicio, es "violenta".
"No puede ser que lleguen tipo OLP como llegaron a (las zonas residenciales del oeste de Caracas) Los Verdes del Paraíso y Caricuao, atropellando y tumbando puertas para cumplir los fines del Estado; ¿esa es la manera de hacerlo?", se preguntó.
Ante ese contexto, Ortega pidió a los diputados su apoyo para rescatar la democracia en Venezuela.
"Debemos hacer grandes esfuerzos porque se retomen las vías institucionales y electorales y tiene que ser lo más pronto posible para reducir la violencia y evitar que haya más muertes", expresó en referencia a los 85 muertos que se han registrado durante las protestas contra el Gobierno desde el pasado mes de abril.
Ortega, una mujer considerada cercana al expresidente Hugo Chávez (1954-2013) y al proceso revolucionario que este inició, se convirtió en una figura polémica para el oficialismo en los últimos meses.
La fiscal general se ha pronunciado contra el proceso de Asamblea Nacional Constituyente convocado por el presidente Nicolás Maduro y ha criticado la actuación de los cuerpos de seguridad durante manifestaciones de oposición, alertando sobre violaciones a los derechos humanos.
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Por su parte, el Gobierno venezolano ha acusado a Ortega de traicionar el proceso revolucionario iniciado por Chávez y ha asegurado que sus acciones están relacionadas con el interés de postularse como candidata presidencial.
En cuanto a las faltas cometidas por los cuerpos de seguridad, el Gobierno sostiene que se tratan de acciones individuales que no representan el actuar los funcionarios de la fuerza pública y asegura que los responsables serán sometidos a la justicia.