El portavoz del ACNUD, Rupert Colville, calificó de "profundamente preocupante" la decisión de la Sala Plena del TSJ que el 28 de junio ordenó congelar las cuentas de la fiscal general Luisa Ortega y prohibió su salida del país.
Colville calificó de preocupante esos intentos de despojar a la fiscal de sus atribuciones y responsabilidades consagradas en la Constitución venezolana y socavar la independencia de su oficina.
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El portavoz del ACNUD también mencionó que hay cada vez más informes de que las fuerzas de seguridad asaltan edificios residenciales, llevan a cabo búsquedas y detenciones sin una orden judicial, supuestamente con la intención de disuadir a la gente de participar en las manifestaciones e identificar a los partidarios de la oposición.
"Instamos a todos los poderes del Estado venezolano a que respeten la Constitución y la primacía de la ley y exhortamos al Gobierno a que garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de opinión y de expresión", cita al portavoz un comunicado del ACNUD.
El Gobierno responsabiliza de estas víctimas a la oposición diciendo que los radicales, aliados con bandas criminales, buscan provocar una imagen de ingobernabilidad y promover una intervención; por su parte, la oposición denuncia la existencia de grupos paramilitares al servicio del Gobierno que reprimen las movilizaciones junto a los cuerpos de seguridad para intimidar a los manifestantes y evitar protestas.
