El ataque a las sedes del Ministerio del Interior de Venezuela y del Tribunal Supremo de Justicia con un helicóptero gubernamental secuestrado abrió un nuevo capítulo de la disputa política del país. Un grupo de uniformados del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) hurtó la aeronave de una base militar en Caracas y efectuó más de 15 disparos contra los edificios.
"Las fuerzas del Estado han venido frustrando cada una de las acciones dentro del Ejército, dentro de los componentes que sí podrían realmente derrocar al Gobierno. Porque seamos claros, manifestaciones en los lugares de la clase media en Caracas, secuestros de autos, quemas de caucho y los asesinatos selectivos no van a derrocar nunca a un gobierno. Ellos necesitan un componente militar, una acción más contundente desde adentro de las fuerzas estatales, una traición y, naturalmente, la intervención extranjera para lograr ese propósito", evaluó Tajeldine.
Según el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, también fueron lanzadas al menos cuatro granadas, traídas desde Colombia y producidas en Israel. El líder de la iniciativa, el oficial Óscar Pérez, publicó un vídeo con un mensaje al presidente, Nicolás Maduro, en el que lo insta a convocar elecciones directas. Actualmente se investiga el militar por sus vínculos con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Samuel Moncada, rechazó, en una conferencia de prensa, la hipótesis, levantada por la oposición, de que el ataque hubiera sido perpetrado por el propio Gobierno. Además, clasificó la acción como el acto de "un psicópata".