Los funcionarios de Pemex "asignaron a la constructora brasileña obras por $4.254 millones de pesos" (235 millones de dólares al cambio actual) en el complejo refinador de Tula, localizado cercana del la joya arqueológica prehispánica del mismo nombre.
En todos los casos que atañen a los contratos de Odebrecht en México, el organismos ciudadano, que preside la experta en transparencia María Amparo Casar, se ha adelantado a los investigadores federales mexicanos, indagando en los documentos oficiales y judiciales, en pesquisas que sus expertos han explicado paso a paso a Sputnik.
"Las ampliaciones de contrato coinciden con el pago de sobornos por 6 millones de dólares revelado en diciembre en Estados Unidos", descubrió el MCCI, con base en documentos oficiales.
Ese monto es parte de un total de 10,5 millones de pagos ilícitos en México por la constructora brasilera, de un total de 788 millones de dólares para sobornar funcionarios y políticos en una docena de países.
Si se comprueba que Odebrecht incurrió en actos de corrupción en ese complejo refinador de crudo, podría ser castigada con una multa de hasta 160 millones de pesos (casi 9 millones de dólares al cambio actual), y la inhabilitación por 10 años en contrataciones federales, según la ley anticorrupción.
La investigación federal
La SFP identificó "probables violaciones administrativas a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas".
La ley mexicana contra la corrupción establece como infracciones "la entrega de sobornos, simular el cumplimiento de requisitos, presentar documentación falsa o usar influencias para obtener beneficios o ventajas en los contratos", explicó el organismo ciudadano.
Sin embargo, la SFP aclaró que la notificación de la auditoría "no prejuzga acerca de la probable responsabilidad administrativa, la cual será determinada una vez agotadas las fases legales del debido proceso".
En las pesquisas federales están pendientes los resultados de la revisión a los contratos de la empresa brasilera en las refinerías de Minatitlán y Salamanca, en un tramo del gasoducto Los Ramones.
La fiscalía de Brasil ha condicionado la entrega de información a sus contrapartes mexicanas, a que los documentos se mantengan clasificados y no se juzgue dos veces a los gerentes de la constructora de Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años de prisión en su país.