"Tenemos una gran preocupación con el Esmad debido a la serie de denuncias que hay en su contra por abusos en el ejercicio de la fuerza y la represión que ejerce contra las protestas sociales, manifestaciones urbanas y rurales, por lo que es momento de desmontarlo", dijo el diputado Alirio Uribe, del izquierdista partido Polo Democrático.
Uribe, quien en el año 2015 citó a debate en el Congreso por esa misma causa, impulsa la creación de un cuerpo civil de mediación de conflictos con presencia nacional como alternativa al Esmad, iniciativa que respaldan organizaciones sociales y el centrista Partido Verde.
Sin embargo, admitió el diputado, la medida enfrenta un duro debate entre los congresistas del país, que consideran que tras acabarse la confrontación armada con la guerrilla de las FARC lo que viene ahora es un incremento de la protesta social como forma de dirimir los conflictos, por lo que el Esmad se hace necesario para contener esas manifestaciones.
Aunque tal escenario también es previsible por parte de los movimientos sociales, "lo extraño es que el presidente Juan Manuel Santos plantee que para enfrentar la profundización de la protesta social hay que duplicar el personal del Esmad, con lo cual la protesta —que es un derecho- se equipara con un disturbio", dijo el activista Franklin Castañeda a esta agencia.
Castañeda, presidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, explicó que los acuerdos de La Habana plantearon la creación de una ley estatutaria sobre participación y garantías a la protesta a fin de profundizar el diálogo social y que el Esmad pueda ser desmontado, pero la iniciativa "aún ni siquiera ha sido radicada".
Fallecidos en manifestaciones
De acuerdo con los datos de la campaña 'Defender la libertad, asunto de tod@s', que hace un seguimiento a la vulneración de los derechos humanos en el marco de la protesta social, en 2016 se registraron 105 casos de uso excesivo de la fuerza por agentes del Estado en el país, mientras que en lo que va de año esa cifra alcanza 46 casos.
Asimismo, seis personas perdieron la vida en 2016 a manos de la Fuerza Pública en medio de manifestaciones, mientras que en 2017 ya suman dos los fallecidos en ese contexto.
"En lo que va de 2017 las movilizaciones han sido mayores que en igual periodo de 2016 y que en 2015, por lo que es lógico pensar que las agresiones del Esmad han sido aún mayores", explicó por su parte Jason Paba, vocero del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH).
Los actos más recientes de violencia por parte del Esmad se dieron el pasado mayo en el marco de un paro cívico de 21 días en el puerto marítimo de Buenaventura (suroeste), donde hubo un operativo represivo para disuadir a un grupo de manifestantes que afectó a niños, personas mayores y discapacitados ajenos a la protesta.
Este hecho fue criticado el pasado martes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió al Estado colombiano investigar si hubo un uso excesivo de la fuerza y adoptar medidas urgentes para garantizar la libertad de expresión.
Armas letales
Basado en el modelo de la gendarmería francesa, el Esmad fue creado en 1999 como parte de los procesos de modernización de la Fuerza Pública posibilitados por el antes denominado Plan Colombia, que es financiado por el Gobierno de Estados Unidos.
Cada escuadrón está compuesto por cinco oficiales, ocho suboficiales y 150 patrulleros que "están entrenados para agredir y generar temor a la sociedad civil, tanto con sus uniformes negros como con sus marchas, las cuales recuerdan formaciones de guerra", indicó Castañeda.
Sus integrantes cuentan con un traje especial de protección, así como con una tonfa (garrote) y escudo.
Sólo algunos de ellos emplean fusiles para lanzar granadas de gas, granadas de aturdimiento y disparar perdigones de goma, mientras que otros también emplean pistolas de disparo eléctrico.
Sin embargo, y pese a ser consideradas armas no letales, se ha documentado la modificación de las mismas y su uso inadecuado con el fin de causar graves daños a los manifestantes.
Ante esta situación, movimientos sociales señalaron que 15 personas resultaron heridas en 2016 y tuvieron secuelas y otras dos más en lo que va de 2017.
"Hace un año hubo un proceso de movilización en el municipio de Puerto Caicedo (Putumayo, suroeste) y la gente nos mostraba que las granadas que usaba el Esmad tenían clavos, porque convierten sus armas no letales en letales", dijo Paba a Sputnik.
Otras denuncias dan cuenta de disparos directos contra los manifestantes con granadas de aturdimiento, lo que en marzo pasado, por ejemplo, provocó daños en el rostro a un joven de 19 años que protestaba en contra de las corridas de toros en Bogotá.
Denuncias
Por casos de agresión física, así como por muertes, la justicia colombiana ha abierto cerca de 39.000 investigaciones contra el Esmad, pero "la mayoría de los casos se encuentran en la impunidad total", reconoció el diputado Uribe.
El funcionario recordó que solamente en 2016 hubo denuncias por 680 violaciones de derechos humanos atribuidas al Esmad, cuerpo que cuenta con cerca de 2.000 agentes en todo el país y cuyo sostenimiento en los últimos diez años ha costado al Estado más de 95.300 millones de pesos (unos 281 millones de dólares), según la organización Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
Sin embargo, en medio de los conflictos sociales, los agentes del Esmad también han sido víctimas de agresiones.
El caso más reciente se presentó el pasado febrero en Bogotá, cuando milicianos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional activaron una bomba en el centro de la ciudad que se cobró la vida de un patrullero de ese cuerpo policial y dejó a otros 29 más heridos.
Al respecto, el diputado Uribe alertó de la necesidad de impulsar un mecanismo de convivencia de personal civil que aborde las manifestaciones, ya que disminuiría las agresiones tanto para los participantes de las protestas como para los miembros de la Fuerza Pública.
