"El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo sucesor del paramilitarismo Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) están cometiendo graves abusos contra comunidades afrocolombianas e indígenas wounaan ubicadas a la vera del río San Juan en Colombia", publicó HRW en un comunicado emitido desde Washington.
"Los grupos son responsables de asesinatos, reclutamiento de menores, colocación de minas antipersonales y amenazas, y han provocado el desplazamiento de miles de personas en los últimos años", señaló.
La disputa del territorio por parte de ambas organizaciones ha generado el desplazamiento forzado de cientos de familias y obligado a otras a confinarse en sus comunidades, por lo cual no pueden acceder a los medios tradicionales de subsistencia, señaló en el comunicado José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Según datos oficiales de los que hizo acopio HRW, en 2016 casi 3.000 personas se desplazaron en Litoral de San Juan, que tiene una población de 15.000 personas, lo cual convierte a este municipio en el segundo con mayor cantidad de personas desplazadas, después de la ciudad portuaria de Buenaventura.
Protección
"A menos que las autoridades les brinden protección, la promesa de paz en Colombia seguirá siendo solamente una lejana ilusión para estas comunidades vulnerables del Chocó", dijo.
En su comunicado, HRW expuso que mientras el ELN mantiene conversaciones de paz con el Gobierno colombiano en Quito, sus combatientes someten a estas comunidades a graves abusos.
"Los negociadores en Quito deberían examinar los abusos cometidos en Chocó", señaló Vivanco.
El conflicto armado colombiano, que ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, agentes del Estado y grupos narcotraficantes por más de medio siglo, es el más antiguo del continente y ha dejado unos ocho millones de víctimas, así como 300.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,8 millones de desplazados, según reportes oficiales.
