"El problema de la lucha contra la corrupción en España viene por dos lados: en primer lugar está la falta de medios y por otra parte están las injerencias del Gobierno en los tribunales", afirmó González.
En lo referente a las injerencias del Gobierno, el portavoz de Jueces por la Democracia considera que los mecanismos para el nombramiento de altos cargos judiciales carecen de transparencia y que en demasiadas ocasiones toman en consideración la afiliación política de los aspirantes.
"Necesitamos mecanismos para luchar contra estas injerencias, necesitamos un Consejo General del Poder Judicial fuerte e independiente", opina.
En concreto, González opina que es necesario que los nombramientos de los jueces se hagan "de forma transparente" en procesos "donde prime el mérito y la capacidad y en los que la afinidad política sea un lastre y no un aspecto beneficioso para conseguir el puesto".
Los partidos políticos de la oposición española denunciaron en los últimos meses una serie de maniobras desde el Gobierno y la Fiscalía Anticorrucpión para obstaculizar investigaciones que afectaban al Partido Popular.
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En concreto, a finales de abril se conoció a través de varias publicaciones periodísticas que Moix intentó impedir un registro en contra del expresidente de la Comunidad de Madrid —encarcelado por el caso Lezo— y que desde el Gobierno se dio aviso al investigado sobre la investigación en su contra, lo que le habría permitido cambiar sus hábitos y ocultar pruebas.
"Desde un primer momento entendíamos que el señor Moix no era el mejor candidato para dirigir la Fiscalía Anticorrupción y los hechos han demostrado que estábamos en posesión de la razón", recuerda el portavoz de JpD.
En cuanto al papel jugado por el ministro de Justicia y por el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, el portavoz de JpD recuerda que ambos fueron reprobados por el Congreso de los Diputados, lo que a su modo de ver es motivo suficiente para que ambos dimitan o, como mínimo, para que comparezcan en sede Parlamentaria para explicar las recientes polémicas.
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el fraude y la corrupción es señalado como uno de los tres principales problemas del país por el 42% de los españoles, lo que lo sitúa como segunda preocupación de los ciudadanos sólo por detrás del desempleo.