"Es un escándalo; palabras del presidente (Mauricio Macri), es un escándalo que no se sepa quiénes cobraron esos 35 millones de dólares", dijo el ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, informa el diario La Nación.
A partir del 1 de junio, la fiscalía argentina podrá solicitar a su par brasileña documentos relacionados con el caso de corrupción política que involucra a Odebrecht, conocido como Lava Jato.
La fiscalía argentina deberá firmar un compromiso de confidencialidad de la información en caso de recibirla mediante la justicia brasileña, por lo que los documentos no podrán ser divulgados.
Buenos Aires había realizado una oferta a los directivos de la empresa constructora, pero estos contestaron con mayores pretensiones a cambio de la información: una multa de no más de 35 millones de dólares, mantener todas las concesiones de obra que tienen en Argentina e impunidad penal.
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Sin embargo, el Gobierno quiere que la empresa pague una cifra superior y se espera que este 31 de mayo Garavano les presente una contraoferta, según el diario argentino.
Culpas divididas
En uno de los expedientes están involucrados quien fuera ministro de varias carteras de la expresidenta Fernández, Julio de Vido, y varios de sus colaboradores, pero en los otros se vincula al primo de Macri, Ángelo Calcaterra, y al director general de la Agencia Federal de Inteligencia y amigo íntimo del actual mandatario argentino, Gustavo Arribas.
Por esta razón, el Gobierno quiere acceder también a la información para evitar que sea analizada únicamente por Gils Cabró.
"Insistimos en el acuerdo con Odebrecht porque es una manera de no depender de nadie para tener información de primera mano", indicó el 30 de mayo un portavoz gubernamental citado por La Nación.
Días atrás, la directora de la Oficina Anticorrupción de Argentina, Laura Alonso, criticó duramente a los funcionarios de la administración anterior, pero se mostró más cauta para opinar sobre el círculo íntimo del presidente, según una entrevista concedida al periódico español El País.
"Si la información no la da Obebrecht, la vamos a conseguir por otra vía, pero habrá sanciones si no colaboran", aseguró Alonso.
Odebrecht dio sobornos millonarios a altos funcionarios de varios países latinoamericanos para hacerse con al menos 100 proyectos de infraestructura pública en los últimos años, los cuales le representaron cerca de 12.000 millones de dólares en beneficios.
Según las declaraciones de los directivos, las coimas en Argentina se otorgaron entre 2007 y 2014.