"Las reuniones buscan establecer acuerdos para fortalecer la cooperación entre ambas instituciones, con la finalidad de que un equipo compuesto por fiscales, secretarios y personal técnico, procesen la información que sería entregada en Brasil", señala en un boletín la fiscalía nacional.
Está previsto que el 1 de junio inicie la transferencia de información sobre los involucrados en la trama de corrupción desde la Procuraduría General de Brasil hasta los distintos gobiernos interesados pues la institución negoció con la constructora mantener el sigilo interno de la información hasta el 31 de mayo.
Sin embargo, trascendió que la procuraduría brasileña solamente podrá enviar información a otros países siempre y cuando exista el compromiso de no usar los documentos presentados por Odebrecht contra ellos, ya sea en el ámbito civil y penal.
En opinión del fiscal, el caso de constructora brasileña, acusada de pagar sobornos a funcionarios de distintos gobiernos a cambio de adjudicarse contratos con el Estado, "debe ser visto como un caso de crimen organizado transnacional" y los organismos nacionales deben tener como objetivo "llevar ante la justicia ecuatoriana a esta estructura y a los implicados ya sean funcionarios públicos o del ámbito privado".
Asimismo Baca advirtió que la institución que representa "actuará con total decisión, transparencia y determinación frente a los intereses nacionales, para dar a conocer a los responsables y que los mismos sean puestos a disposición de la Justicia.".
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Los países que están a la espera de los datos son: Perú, Argentina, Panamá, Venezuela, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala y México, así como en Mozambique y Angola.
