Según señala la Audiencia Nacional, la decisión de decretar prisión incondicional sin fianza se produce en respuesta a las repetidas actuaciones que Jordi Pujol Ferrusola destinó a "ocultar bienes y ponerlos fuera del alcance de los tribunales y para dificultar el acceso a las fuentes de prueba".
En el año 2012 se iniciaron una serie de investigaciones contra el expresidente catalán que propiciaron que tanto él como su mujer y sus siete hijos se encuentren imputados por presuntos delitos de blanqueo de capital relacionados con la gestión del patrimonio familiar.
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Recientemente, un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional cifró los beneficios no justificados de la familia Pujol entre 1990 y 2014 en 70,4 millones de euros.
"La actuación de la familia no se ha realizó de forma aislada, todo responde a un plan preconcebido y ordenado dirigido a la ocultación de grandes sumas de dinero de origen desconocido", indica el citado informe.
Según el auto emitido este miércoles por la Audiencia Nacional, Jordi Pujol Ferrusola "ha venido realizando un progresivo proceso de ocultación de información y evidencias y de descapitalización de todos los activos patrimoniales y financieros que se le podían atribuir" en el marco de esa investigación.