"La protección subsistirá mientras concurran las circunstancias que motivaron el asilo", aclaró Long en una rueda de prensa en Quito, donde señaló que las motivaciones del asilo radicaban en las amenazas políticas que pesaban sobre la integridad y derechos humanos de Assange.
Long se refirió así a las declaraciones que realizó días atrás el presidente estadounidense Donald Trump, quien respaldó la intención de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) de iniciar acciones judiciales contra el ciberactivista.
"Hasta que estos fundados temores sigan, Ecuador mantendrá su asilo", recalcó el canciller.
"Hacemos un llamado al reino Unido a que el señor Assange pueda salir en libertad y disfrutar de su asilo" en Ecuador", dijo el ministro en rueda de prensa, y subrayó que, "al caerse el caso, debe darse el salvoconducto".
En ese sentido, Long dijo que Ecuador empieza "por exhortar al Reino Unido para que entregue el salvoconducto" pero si eso no ocurriera, "desplegaremos nuestras capacidades diplomáticas para que se pueda conseguir este objetivo", añadió.
También señaló que confían en que "luego de la detención arbitraria no estemos frente a una intransigencia procedimental".
En caso de que el salvoconducto se concrete, Long afirmó que Assange podría venir a Ecuador a "disfrutar de su asilo" luego de "siete años de detención arbitraria".
Las declaraciones de Long se producen después de que la Fiscalía de Suecia anunciara su decisión de cerrar la investigación por la denuncia de violación que pesaba contra Assange.
"Considerando que se han agotado todas las opciones para continuar la investigación y a la luz de la opinión expresada por la Corte Suprema (…) ya no es proporcional mantener la decisión de juzgar en ausencia a Julian Assange y mantener la orden de arresto europea", dijo la fiscal Marianne Ny en una notificación al Tribunal Distrital de Estocolmo.
Assange se encuentra asilado en la embajada de Ecuador en Londres desde junio de 2012, cuando perdió las apelaciones a un pedido de extradición formulado por la fiscalía sueca para juzgarlo por delitos sexuales.
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El ciberactivista no aceptó ser extraditado a Suecia por temor a que ese país lo entregara a EEUU, donde podría ser enjuiciado por delitos castigados con la pena de muerte a raíz de los secretos de Estado que ha publicado WikiLeaks.