"La visa denegada al ministro de Justicia de Bolivia —como también a otros cuatro personeros de ese país— no tiene ningún efecto sobre el derecho a la defensa de los ciudadanos bolivianos detenidos, acusación reiterada por parte de las autoridades, pero sin fundamento", señaló la Cancillería en una nota entregada a Bolivia, a través de su Consulado General en La Paz.
El ministro de Relaciones Exteriores hizo ver su "más enérgica protesta por las expresiones injuriosas" realizadas por el ministro Arce durante su última visita a la ciudad norteña de Iquique, donde calificó de "infame" al Gobierno y al Poder Judicial de Chile.
El Gobierno reiteró que ha concedido visa a trece personeros y funcionarios bolivianos, quienes han viajado con el objetivo de dar asistencia jurídica y consular a los ciudadanos de ese país que están detenidos.
Asimismo, aseguró que desde febrero pasado ha otorgado 70 visas a diplomáticos y autoridades bolivianas, desde que comenzó el nuevo régimen de visas oficiales con el país vecino.
Agregó que "se han respetado todos los derechos y garantías de los ciudadanos bolivianos detenidos", que "han accedido a la defensa de abogados contratados para estos efectos por Bolivia, el apoyo de sus consulados, la visita de sus familiares y de diversas autoridades bolivianas".
En el documento, el Ejecutivo reiteró su llamado al Gobierno boliviano "a la prudencia" y a respetar la labor de los tribunales chilenos, como lo hizo hace algunas semanas el canciller Heraldo Muñoz.
La policía apresó el 19 de marzo pasado a un grupo de ciudadanos bolivianos en zona fronteriza, tras ser acusados de porte ilegal de armas y presunto robo de un camión transportista, que se dirigía desde Chile al país vecino.
Santiago asegura que la detención se hizo en territorio nacional, mientras que La Paz insiste en que los funcionarios impedían el ingreso de contrabando a su país y fueron capturados en suelo boliviano.
El 25 de mayo próximo, la Corte Suprema de Chile evaluará en una nueva audiencia la situación de detención de los extranjeros, después de rechazar en abril pasado una solicitud de excarcelación presentada por la defensa boliviana.
La relación entre ambos países se mantiene tensa además por las dos demandas bilaterales que enfrentan ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, a causa de un diferendo marítimo y el uso de las aguas del Silala.
