"Las cosas en Honduras ya no son como antes, se han registrado hechos notorios, cambios para que las cosas no sean como antes", dijo Jiménez Mayor ante el Consejo Permanente de la OEA (Organización de los Estados Americanos) en el marco de la presentación del Segundo Informe Semestral de la misión.
Jiménez Mayor, representante especial del secretario general de la OEA, Luis Almagro, destacó los logros alcanzados en los últimos seis meses.
El escándalo de corrupción del IHSS se refiere a un desfalco millonario sobre los recursos del organismo, lo que produjo su colapso a raíz del desabastecimiento de medicamentos y los retrasos en la programación de operaciones y otros servicios médicos, causando la muerte a unas 3.000 personas.
En este marco, "no es menor la condena ejemplar" de 15 años de prisión al exdirector del IHSS, Mario Zelaya, "la condena más alta" en la historia de Honduras.
"No serán los únicos condenados; es el cambio más importante", aseguró Jiménez Mayor en referencia a las personas que actualmente están en prisión por el caso del IHSS.
"En Honduras existen voces interesadas en que la MACCIH sea afectada; eso no nos amilana", aseguró.
Jiménez Mayor expresó su solidaridad con los activistas de la sociedad civil que han sufrido amenazas y adelantó que la misión está estudiando la posibilidad de trabajar junto a la fiscalía de Honduras para investigar casos de corrupción vinculados con el asesinato de la activista Berta Cáceres.
"Estamos evaluando" con familiares de Cáceres "para acompañar a la fiscalía en la investigación de aspectos de presunta corrupción conectados con su homicidio", indicó.
Tras el crimen de Cáceres, otros activistas fueron asesinados en Honduras, considerado el país más peligroso del mundo para los ambientalistas, según una investigación de Global Witness publicada en enero.
Según datos de esa organización, desde 2010 han muerto más de 120 activistas.
La MACCIH tiene un mandato de cuatro años, lo que dura el convenio firmado entre la OEA y el Gobierno de Honduras, y su funcionamiento se financia con aportes de la comunidad internacional.
Cualquiera de las dos partes puede darle fin a la cooperación con un preaviso de 60 días.