La resolución del tribunal se apartó "de los estándares internacionales en la persecución de graves violaciones a los derechos humanos", consideró el organismo.
En relación a una causa de lesa humanidad, la Corte accedió el pasado 3 de mayo a rescatar una ley derogada en 2001 sobre plazos de prisión preventiva, denominada "2x1", que computa como dobles los días en prisión a partir del segundo año mientras no se confirme la condena.
"La obligación conforme al derecho internacional de enjuiciar y castigar a los perpetradores de cometer graves violaciones a los derechos humanos se desprende de la obligación de garantía prevista en la Convención Americana", añadió.
La ley que aplicó la Corte Suprema en el caso del represor Luis Muiña, sentenciado a 13 años de prisión por integrar un comando paramilitar que secuestraba, torturaba y hacía desaparecer opositores en un hospital de la provincia de Buenos Aires, es contraria "a los estándares interamericanos de derechos humanos", subrayó la CIDH.
El Congreso sancionó la semana pasada, en menos de 24 horas, una ley que prohíbe aplicar el beneficio del 2x1 para rebajar el cómputo de la pena en casos de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.
Los tres jueces que avalaron el controvertido fallo fueron imputados por el delito de prevaricato y una de ellos, la ministra Elena Highton de Nolasco, pidió el lunes una licencia "oficial".