De acuerdo con la información ofrecida por este diario, la querella se sumaría a la investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional por sedición en lo referente al desarrollo de las llamadas estructuras del futuro Estado catalán.
Según el anuncio del Departamento de Gobernación, el concurso está dividido en dos lotes: uno para 8.000 urnas transparentes, con un coste de 184.000 euros y un segundo para 4.000 urnas de cartón, por valor de 16.000 euros.
El Ejecutivo autonómico tiene que comprar las urnas porque las que se utilizan habitualmente para las elecciones generales, autonómicas y municipales son de titularidad estatal y no podrían ser utilizadas para este referéndum, que no cuenta con la aprobación del Gobierno central.
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El portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, ya adelantó el pasado viernes que la Fiscalía intervendría contra la compra de urnas porque "el Tribunal Constitucional dijo con total claridad en un auto del 14 de febrero que impediría la celebración de cualquier referéndum".
Además, según recordó el ministro portavoz, esa prohibición se hace extensible "tanto a los representantes políticos como a los funcionarios o empresas que pudieran estar relacionados".