Pero, a la vez, "lamenta que no se haya logrado un consenso en el Senado entre las autoridades, los colectivos de víctimas y quienes les acompañamos en el apartado de búsqueda de personas", dijo el despacho del responsable de la ONU en un posicionamiento escrito.
El asunto relativo al mecanismo de búsqueda es "el más significativo de los temas de esta ley, especialmente en relación a las facultades y recursos de la Comisión Nacional de Búsqueda", asegura el comunicado.
Para la ONU-DH, "el éxito de esta ley dependerá de sus resultados, especialmente en este apartado".
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, fue aprobada por 90 votos a favor, tres abstenciones y tres en contra, mientras estuvieron ausentes 38 senadores.
La ley que pasa a la Cámara de Diputados para la sanción plena del Congreso antes de ser enviada al presidente Enrique Peña Nieto para su promulgación, "responde a los estándares y a varias recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos", incluidas las del alto comisionado Al Hussein durante su visita al país en octubre de 2015.
Además de los desaparecidos de la llamada "guerra sucia" de los años 1960 y 1970, una década de guerra contra las drogas (2006-2016), ha dejado 29.903 desaparecidos y 855 fosas clandestinas, indicó el 7 de abril la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, ombudsman federal).
Las penas e el debate
Además indica que "dichas sanciones pueden ser aumentadas hasta en una mitad cuando la persona muera, sea migrante, niña, niño o adolescente, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor, sea periodista o defensor de derechos humanos".
Por otro lado, a la desaparición forzada cometida por particulares, como el caso de la delincuencia organizada, se le impondrá una pena de 25 a 50 años de prisión y de 4.000 a 8.000 días multa.
La legislación crea el Sistema Nacional de Búsqueda de personas, cuyo objetivo es "diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado Mexicano para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre autoridades" para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.
Esta contará con grupos de búsqueda que deberán ser integrados por servidores públicos especializados en la materia, los cuales podrán auxiliase con expertos y cuerpos policiales competentes.
También se crea un Consejo Ciudadano, como órgano de consulta del Sistema Nacional, cuyo objetivo es "el involucramiento de la sociedad civil de las víctimas en el seguimiento de las actividades que desarrollará el Sistema".
También se establece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez, señaló que "la desaparición forzada de personas representa un flagelo que vulnera los principios fundamentales de los derechos humanos, ya que destroza la dignidad de la víctima, pone en riesgo su integridad física, psicológica, y destruye su seguridad personal y familiar".
La senadora Angélica de la Peña, que preside la Comisión de Derechos Humanos del Senado, dijo en el pleno que "se escucharon las historias de las miles de familias que buscan a sus seres queridos y el viacrucis por el que han tenido que atravesar, y enfrentarse a las autoridades, para que sean tomadas en cuenta".
