"La Fiscalía General de Rusia colabora en materia penal con los socios extranjeros de más de 80 Estados del mundo", reza el documento.
Actualmente, según el informe, funcionan los grupos de trabajo ruso-estadounidense, ruso-francés y ruso-israelí para la colaboración en materia penal.
El texto menciona que se implementan nuevos formatos de colaboración, entre ellos contactos a través de videoconferencias.
Además la Fiscalía General de Rusia prepara más de 20 proyectos de cooperación con organismos competentes de otros países.
"Con el fin de ampliar el marco normativo de la cooperación con socios extranjeros, suscribimos cuatro documentos con Egipto, Camboya, Tailandia y Sudáfrica, tenemos preparada la firma de seis acuerdos con Irán, Italia, Nepal, Nigeria, Países Bajos y Nueva Zelanda y estamos coordinando más de 20 proyectos de acuerdos similares", comunicó.
El Ministerio de Justicia en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia cumplió una ingente labor orientada a ampliar la base normativa de la cooperación internacional en materia de jurisdicción procesal penal, señaló.
En 2017, la Fiscalía se propone el objetivo de fortalecer la base legal de la participación de Rusia en la cooperación internacional, especialmente en los asuntos como la búsqueda, el embargo, la confiscación y la devolución del extranjero a Rusia de los bienes obtenidos de modo criminal, subrayó Chaika.
El año pasado a petición de la Fiscalía de Rusia fueron embargados en el extranjero activos e inmuebles por un total de 900 millones de euros, según el informe.
"A petición de la Fiscalía General de Rusia fueron arrestados y bloqueados en el extranjero activos por un total de 600 millones de euros y bienes inmuebles por 300 millones de euros, lo que equivale a más de 60.000 millones de rublos", dice el documento.
La Fiscalía recomienda a la Oficina de Asuntos de la Presidencia de Rusia y el Ministerio de Energía tomar las medidas necesarias dentro de su competencia para compensar los daños causados por los delitos cometidos en Rusia por un total de 40 millones de dólares a expensas de los activos que los condenados tienen en Suiza y Finlandia.
