De acuerdo a Delgado, la normativa establece que el juez debe contar con la información necesaria para la reconstrucción del hecho previo a tomar una resolución.
"Apelamos porque de acuerdo al artículo 193 del Código Procesal Penal de la Nación el juez debe reconstruir un hecho totalmente antes de tomar una decisión y aquí no lo hizo", explicó.
El fiscal afirmó que no se deben separar las maniobras de lavado de la omisión de declaración jurada, como hizo el magistrado.
Sin embargo, el fiscal avanzó más adelante en la investigación de otros bienes que hubieran podido omitirse o cuyo valor hubiese sido falseado.
Fleg Trading fue constituida en 1998 y estuvo en activo en Bahamas hasta 2009, cuando Macri ya era jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cargo que asumió en diciembre de 2007 y en el cual se mantuvo hasta diciembre de 2015, cuando asumió como presidente de Argentina.
En su sentencia del 17 de abril, el juez Casanello se declaró incompetente, y asignó una parte de la causa al ámbito penal económico para que evaluara una posible evasión fiscal, mientras que otra parte del sumario la atribuyó al fuero de instrucción, donde otra causa investiga el supuesto enriquecimiento ilícito de Macri cuando era jefe de Gobierno.
"Aún no sabemos, como lo explicamos con mucha nitidez el 1 de febrero de este año, si quienes detentaban la voluntad social de 'Fleg Trading' y 'Kagemusha' cometieron un ilícito desde aquel remoto mes de septiembre de 1998", señaló Delgado.
Por lo tanto, la justicia no puede inferir si el mandatario "omitió a propósito consignar en su declaración jurada datos que debió colocar", añadió.
"Ambas dimensiones están unidas; sólo sabiendo qué pasó desde aquellos tiempos sabremos si Mauricio Macri tenía que declarar lo que no declaró", se explayó.
La resolución del magistrado se basó en información aportada por la Unidad de Información Financiera (UIF), " cuya tarea, hay que decirlo, no es interpretar sino allegar datos para que el juez los pondere", objetó Delgado.
"Nos agravia la decisión del señor juez porque no se apoya en la causa, sino en la interpretación que de una parte de ella hizo la UIF", un organismo que a su vez se basó en "información de inteligencia" cuyas premisas y soporte material no conocemos, precisamente porque su fuente es la "inteligencia", indicó.
Delgado también apuntó contra el propio Gobierno, y en concreto, contra la cancillería argentina que dirige Susana Malcorra, por no agilizar ciertos trámites.
"Faltan precisiones del exterior y la justicia sola no tiene facultades para conseguirla; aquí debe trabajar el Estado en su conjunto", observó el fiscal.
Delgado apeló la resolución del magistrado ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (conocida como Cámara Federal), que será el tribunal que resuelva el futuro del caso.
