"La corte llegó a la conclusión de que no se cumplen las condiciones necesarias para aplicar medidas adicionales en virtud del Convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo", declaró el juez Ronny Abraham.
Kiev demandó a Moscú en enero pasado, denunciando la violación de las mencionadas convenciones.
En particular, llamó a Moscú a renunciar al supuesto apoyo a las milicias del este de Ucrania y "abstenerse de toda forma de discriminación racial contra la población y los institutos que permanecen bajo control ruso incluso en la península de Crimea".
Kiev insiste en que Rusia "renuncie a presión política y cultural contra los ucranianos en Crimea".
El Ministerio de Exteriores ruso denunció que Ucrania no ha presentado pruebas de que tengan lugar las circunstancias que contradigan las convenciones de la ONU.
Ucrania y los países de Occidente también acusaron a Rusia de interferir en el conflicto de Donbás.
Moscú por su parte reiteró en numerosas ocasiones que no tiene relación alguna con los sucesos en el este de Ucrania, no suministra a las milicias equipos militares y municiones, no es parte del conflicto interno ucraniano y está interesada en que esta nación supere su crisis política y económica.
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Crimea se adhirió a Rusia el 16 marzo de 2014, después de que más del 96% de los votantes apoyara esta opción en el referendo celebrado en los albores de la crisis ucraniana.