Esto generó indignación y propició el debate sobre la libertad anticipada en casos de delitos graves. El presidente Mauricio Macri solicitó la renuncia del magistrado que liberó a Wagner y dijo que de lo contrario se iniciaría un juicio político en su contra.
Para Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género de Argentina, si bien el Derecho Penal en general no resuelve los conflictos ni es la solución para prevenir delitos, "sí es una herramienta importante para asegurar la responsabilidad de los autores de delitos. Es una herramienta imperfecta, pero está allí y hay que usarla".
De acuerdo con la legislación vigente, un juez tiene la potestad de otorgar una libertad condicional, pero no tiene la obligación de hacerlo. En el caso de Micaela, el resultado fue el peor de todos: "un condenado que lo pidió, un servicio penitenciario y especialistas que recomendaron en contra y el juez que eligió desoír esas opiniones para liberarlo de todas maneras".
Para Gherardi, más allá de la terrible consecuencia en este caso concreto, "esto manda un mensaje muy equivocado a la sociedad, como si la valoración de la conducta no tuviera ninguna consecuencia".
La experta destacó además el problema de una justicia dotada de pocos recursos, con jueces que tienen responsabilidad sobre una enorme cantidad de detenidos, para lo cual se requieren mejoras estructurales.
"Mirando el horror de este caso, es fácil decir que el juez tiene la responsabilidad por haber tomado esta decisión y no creo que haya que escapar a esa atribución de responsabilidad, pero si queremos prevenir otras Micaelas y otras situaciones atroces como esta, hay que mirar el problema más estructuralmente", concluyó.