"La CIDH consideró que el decreto migratorio de Macri es una "regresión", celebró este jueves en su cuenta de Twitter el no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dedicado a la de defensa de los derechos humanos.
La comisionada Margarette May Macaulay, responsable de la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH, sostuvo el miércoles en una rueda de prensa desde Washington que "la adopción del decreto de necesidad y urgencia incorpora disposiciones regresivas de los derechos de los migrantes".
El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el director de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, Horacio García, viajaron a Estados Unidos para defender ante la CIDH el decreto que endurece los requisitos de residencia y estadía de los inmigrantes que tienen antecedentes penales o cometen delitos que conllevan penas privativas de prisión.
"La verdadera preocupación de la Comisión es que Argentina fue un gran ejemplo sobre cómo tratar a los migrantes, y ahora nos preocupa que haya retrocedido", objetó la comisionada de la CIDH.
Macaulay también manifestó su preocupación por "las declaraciones de altas autoridades que relacionan la migración con la criminalidad", en alusión a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Para justificar el decreto migratorio, que entró en vigor el 30 de enero, Bullrich había asegurado que "en el tema de las drogas, el 33 por ciento de los presos federales son extranjeros", por lo que había "que ordenar las relaciones con Paraguay, Bolivia y Perú".
La CIDH también criticó la "creación de centros de detención para migrantes", como el creado en la ciudad de Buenos Aires tras un acuerdo entre la Dirección de Migraciones y el Ministerio de Seguridad que entró en vigor el pasado mes de septiembre.
La CIDH actuó de oficio al momento de analizar el decreto del Gobierno de Mauricio Macri en el marco del período de sesiones que celebró entre el pasado viernes y el miércoles en la capital estadounidense.
El CELS, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes y el Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración presentaron en febrero una denuncia ante la CIDH para frenar el decreto migratorio, que todavía debe ser refrendado en el Congreso.