El organismo pudo corroborar que 63 de la víctimas mortales eran líderes sociales, mientras que las otras 64 no tenían un liderazgo en las zonas donde fueron asesinadas, y precisó que el 80 por ciento de estos homicidios ocurrieron en zonas abandonadas por las FARC.
Según la ONU, entre los autores de estas violaciones se cuentan, en primer lugar, grupos paramilitares, seguidos de la guerrilla del ELN y disidentes de las FARC.
"Es notable el aumento en asesinatos en las áreas rurales frente al 2015, cuando la oficina registró 25 víctimas", señaló el informe presentado por Howland, quien agregó que el Gobierno colombiano debe "reconocer que estos asesinatos son un problema" y por tal motivo se debe trabajar en alianzas como forma de prevenirlos.
De igual modo, conminó al Estado y a las FARC a que reconozcan su responsabilidad por las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en el marco del conflicto, esto con el fin de que se produzcan procesos efectivos de reparación a las víctimas.