"Se estima que más o menos 200 mujeres por día acceden a servicios insalubres para realizarse abortos en lugares clandestinos sin ninguna condición", dijo la ministra, consignó La Razón.
El Gobierno de Bolivia presentó un proyecto de ley al Parlamento que busca permitir la interrupción voluntaria del embarazo en nueve causales, seis más que las permitidas hasta ahora.
De momento, la ley permite el aborto en caso de que el embarazo sea un riesgo para la madre o que sea producto de una violación o de un incesto; de lo contrario, la interrupción del embarazo es sancionada con prisión.
"Al menos 115 mujeres son atendidas en nuestros hospitales públicos o de la seguridad social e instituciones privadas por una mala realización de abortos", agregó Campero.
Además, se contemplan también como causales, sin importar el período de gestación, la malformación del feto, que la madre sea una niña o adolescente, que el embarazo sea de riesgo para la mujer o que sea producto de una violación o incesto.
"Es un riesgo que corre la vida de las mujeres que se realizan un aborto, pero más que todo (para) las de bajísimos recursos que acuden a estos centros clandestinos, porque no tiene otra opción donde asistir por una cuestión económica", agregó la ministra.
Por otra parte, Campero insistió en que este proyecto no busca "asesinar a nadie", sino "prevenir la muerte de más mujeres".
Este proyecto de ley ha tenido detractores como la Conferencia Episcopal de Bolivia, quien afirma que contradice el derecho a la vida, además de otras entidades religiosas y algunos legisladores de la oposición.
