"Debemos de condenar al acusado como autor penalmente responsable de un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público", comunicó el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos.
Además, el expresidente del Gobierno catalán y actual presidente del Partit Demcòrata Europeu Català (PDeCAT) tendrá que pagar una multa de 36.500 euros.
En esa misma sentencia son condenas las acusadas Joana Ortega, exvicepresidenta del Gobierno catalán, e Irene Rigau, exconsejera catalana de enseñanza.
El tribunal considera a ambas como "cooperadoras necesarias" del mismo delito de desobediencia por permitir la celebración de la consulta soberanista a pesar de las disposiciones contrarias del Tribunal Constitucional.
En cuanto a las sanciones económicas, Ortega deberá pagar una multa de 30.000 euros mientras que Rigau será sancionada con 24.000 euros.
En la misma sentencia, el tribunal absuelve a los tres acusados del delito de prevaricación administrativa por el que habían sido acusados desde el Ministerio Fiscal y las acusaciones populares.